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¿A quién pertenecen los conocimientos de una comunidad? ¿Pueden ser comercializados por terceros sin que esta comunidad reciba ninguna contraparte? Sobre el tema debate México, que lleva unos meses trabajando en la Plataforma de Registro de Patrimonio Cultural y Mercado contra quienes plagien diseños indígenas.

El objetivo de esta plataforma es visibilizar casos en los que alguien se apropie de los saberes de una comunidad indígena del país, según informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante una jornada de trabajo organizada en el Museo Nacional de Antropología.

“Se trata de un mapa en el que documentaremos qué pueblo es el afectado, en qué modo y por quién, a fin de que esto sirva de insumo para investigaciones dentro del propio INAH, o como fuente de información para futuras reglamentaciones o acciones, por parte de otras instancias públicas o privadas, en la materia”, explicó María Elisa Velázquez, coordinadora nacional de Antropología.

Este es un tema importante para los indígenas. Como recordó Aída Castilleja González del INAH, “hoy vemos que muchos de los objetos que en las comunidades tienen un uso cotidiano o un significado ritual: textiles, cerámicas o bastones de mando, son considerados artesanías o incluso tomados por meros objetos decorativos en industrias como las de la moda y publicidad”.

Sin embargo, no es un asunto sencillo. La misma Castilleja habló de la difícil relación al entremezclarse el patrimonio cultural de estos pueblos indígenas y los intereses mercantiles que generan.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, los propios expertos presentes en el acto reconocieron que hay puntos contrapuestos al respecto. De hecho, las mismas características de estos conocimientos lo hacen más difícil, pues las creaciones indígenas “tienen un uso libre dentro de sus poblaciones de origen y no cuentan con un autor específico puesto que muchos artesanos comparten el mismo saber”, dijo la nota de prensa de la INAH.

Ante esta compleja realidad, sin embargo, existen posibles soluciones por parte de las administraciones mexicanas. Por ejemplo, se podría otorgar una marca colectiva a un pueblo indígena en concreto, o se podrían hacer denominaciones de origen o indicaciones geográficas a productos típicos de una región.

Con estas medidas, estos saberes estarían más protegidos ante usos de terceros y los ‘verdaderos dueños’ recibirán un pago si alguien usa esas creaciones sin permiso.

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