La orden de aprehensión que sigue

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tiempo de reflexión le llaman al ciclo entre el fin de campañas y día de la elección. Son tres días para que el ciudadano haga razonamiento de a favor de quién depositará su voto.

En teoría es lo que debe suceder. En la práctica, según sondeos de opinión, la inmensa mayoría tomó la decisión desde meses o años antes. Los indecisos rondan el 10 por ciento. 

Lo más importante es acudir libremente el domingo a depositar la confianza por cualquiera de los tres candidatos y sus alianzas. Para hacerlo se instalarán 4,777 casillas en que estarán listas nominales con los nombres de dos millones 737 mil tamaulipecos.

Es deber ciudadano, compromiso moral y de interés para con el rumbo y destino que queremos para Tamaulipas. No hay multas para aquel que no se presente.

Luego de dos meses de campaña la percepción es que por primera vez la participación ciudadana será copiosa, como no se ha visto en los últimos años. Es también la primera vez que habrá una elección únicamente de Gobernador.

¿Por qué alta afluencia? para comenzar no habrá motivos de confusión ni razones para formar largas filas. La autoridad de casilla entregará una sola boleta que se depositará en una sola urna ¡rápido!.

Nadie de última hora dedica tiempo en decidir. Ya lo trae en su mente y hasta lo ha platicado a sus más cercanos.

Segunda reflexión: Son pocos los candidatos, tres. Sus nombres y alias tampoco motivarán confusión.

Nadie puede negar que las campañas fueron intensas por territorio, que polarizaron los pros y contras. Nada del voto pulverizado que vimos en 2016 cuando se presentaron hasta ocho candidatos, algunos esquiroles o “maiceados”, como se les conoce a quienes fueron contratados para quitar votos a los favoritos.

En ese año la participación ciudadana fue de 56 por ciento, un millón 410 mil sufragios válidos, de los cuales la mitad se los llevó un partido opositor que por primera vez alcanzaría la victoria.

Extrañó que quienes hoy detentan el poder no quisieron alentar -económicamente- a los independientes para dividir el sufragio. Es una costumbre que casi se hace Ley. 

Por estas y otras razones yo creo que, sin poner límite, la concurrencia podría superar del 60 por ciento, arriba de ese alarido ciudadano que se dio hace seis años para generar la alternancia luego de 85 años de hegemonía de partido único.

Más que el 61.3 que se dio en 2018 para renovar los 43 ayuntamientos, que son el primer contacto de la comunidad con el poder público y por tanto generan intensa participación.

Yo creo que jamás debe repetirse el fenómeno del 2019, elección por la legislatura del Estado, en que la afluencia fue de un vergonzoso 32 por ciento, atribuido a que los diputados no tienen presupuesto para “salpicar”, otorgar plazas, contratos, generar dádivas en general.

Hay elementos para tener confianza en que no habrá lugar a fraudes. Los tres candidatos registraron más de 59 mil representantes de casilla. Son más que los funcionarios electorales.

Respecto a la “prueba de fidelidad” hacia los partidos, según versiones aparecidas entre la burocracia estatal, que exige enviar a los jefes una fotografía de la papeleta cruzada, el delegado del INE, Sergio Iván Ruiz Castellot dejó claro que no está prohibido pero invitó a no hacerlo porque de ahí podría derivarse otras situaciones.

A nadie se le puede prohibir entrar con celular a la mampara de secrecía del voto, pero es mejor no tomar imágenes.

Habrá 524 observadores, algunos que vienen del extranjero.

Desde el 21 de mayo empezaron a votar poco más de 2,400 tamaulipecos que viven allende las fronteras.

Pero hay un tema inconcluso: El voto de los paisanos que residen temporalmente o por motivos de estudio o trabajo en otras partes de la República ¿por qué no darles a ellos la oportunidad?. Si no son políticos, para la mayoría no es redituable solo venir a votar.

Sea como sea, lo más importante para los ciudadanos y para Tamaulipas es que todo ciudadano empadronado se deje ir a las casillas. Vale la pena hacerlo.

Mientras esto pasa en lo electoral, la maquinaria de la Fiscalía del Estado y Auditoría Superior del Congreso van sobre simpatizantes y ayuntamientos provenientes del partido de la 4T.

No obstante la “veda” promocional, la Comisión Instructora del Poder Legislativo tiene citada para el viernes  a la diputada Ursula Salazar Mojica, en contra de quien inició proceso de desafuero para encarcelarla por el presunto delito de cohecho. El “evento” será trasmitido en vivo y a todo color por los canales del Congreso.

Y este jueves el ayuntamiento de Nuevo Laredo, liderado por Carmen Lilia Canturosas, hicieron un “firme llamamiento” al secretario general de Gobierno, Gerardo Peña Flores y al Auditor Jorge Espino Ascanio, para que “dejen de confabular acciones ilegales, arbitrarias e intimidatorias”.

Un día antes la Fiscalía envió al Ministerio Público Gabriel González Velázquez al frente de la fuerza pública, “para entrevistar al personal” que labora en el área de Finanzas.

La de Canturosas es la orden de aprehensión que sigue ¿la tiene ganada?.