Inconsistencia millonaria deja parada legislatura
Cd. Victoria/Redacción.– La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Tamaulipas detectó inconsistencias por un valor de 30 millones 200 mil pesos ejercidos por la 64 Legislatura que corresponden a la Cuenta Pública 2020, ventiló el diputado presidente Armando Zertuche Zuani.
Es la primera ocasión en la historia del Congreso de Tamaulipas que una legislatura rinde un informe de entrega-recepción, en la que se exponen las inconsistencias observadas durante la transición en el Poder Legislativo.
Entre las inconsistencias se encuentran un bono de retiro por nueve millones 100 mil pesos, gastos por comprobar por siete millones 500 mil pesos, adeudos de ejercicios anteriores por un monto de dos millones 400 mil pesos; impuestos, retenciones y proveedores por cinco millones 200 mil pesos; y, afectación anticipada del presupuesto por un total de seis millones de pesos.
De los nueve 9.1 millones de pesos por bono de salida, el 50 por ciento, cuatro millones 550 mil pesos, se les entregó a 11 trabajadores de del área administrativa, es decir, cada uno recibió un promedio de 413 mil 636 pesos, por concluir el periodo de la pasada legislatura.
Asimismo, los 36 diputados de la 64 Legislatura recibieron un mes de sueldo neto, que de acuerdo con la Plataforma de Transparencia del Congreso local, asciende a 100 mil 540 pesos con 54 centavos. Por la totalidad de los legisladores, se desembolsaron tres millones 614 mil 459 pesos con 44 centavos.
Se envió la notificación a la exdirectora de administrativa de la Contraloría del Congreso, Karen Pozos Zamarripa, quien recibió el documento, pero se negó a firmar como acuse de recibido.
Los responsables tienen un plazo de 30 días para solventar las inconsistencias, de lo contrario, el órgano de control del Congreso determinará las acciones legales para turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.
“Dependiendo del tipo de incumplimiento, pueden surgir varias vertientes, hay faltas graves, no tan graves e inclusive puede ser comisión de delito, dependiendo de la forma en que se compruebe o la no comprobación, es el procedimiento que se tendría que seguir. Si no se realizó la actividad y se pagó, podríamos llegar desde la suspensión de la empresa, el resarcimiento. De acuerdo a cada situación”, explicó el secretario general del Congreso, Ausencio Cervantes.
Dentro del informe se detalló que se gastó en seis meses el 75 por ciento del presupuesto anual, en especial en el trimestre conformado por marzo, abril y junio, periodo en el que se llevó a cabo el proceso electoral 2020-2021, para elegir a los 43 alcaldes, y diputados locales y federales.
Se detectó que la 64 Legislatura firmó un contrato de 150 mil pesos para adquirir memorias USB, en un periodo de cinco meses. Además, cada copia le costó un promedio de nueve pesos, al rentar un servicio de impresoras por un pago anual de 87 mil pesos, cuando la actual legislatura mantiene un contrato similar por 19 mil pesos. Dentro de la lista también se gastaron 300 mil pesos por la reparación de tres aires acondicionados; 153 mil pesos por desmonte y jardinería; se contrató la renta de una planta de luz cuando el Congreso cuenta con dos equipos para dotar de energía.
De igual forma, se gastaron 127 mil pesos por desazolve para la Jucopo y la secretaría general del congreso, con una empresa que está registrada en el giro comercial de ferretería y mueblería.
El Congreso ha tomado las vías administrativas para que la pasada legislatura pueda aclarar las observaciones, pero de no hacerlo, se tomará la vía legal para fincar responsabilidades.