Miquihuana: desgaste, divisiones y una sucesión en riesgo

El ejercicio del poder no es terso ni eterno; desgasta, exhibe y, en muchos casos, termina por revelar las verdaderas capacidades —y limitaciones— de quienes lo ostentan. En Miquihuana, la administración de la alcaldesa Gladis Magalis Vargas Rangel parece atravesar justamente esa etapa: la del desgaste evidente y la erosión política.

Tras haber cumplido un primer periodo de tres años y acumular ya 20 meses en su segundo mandato, el balance que surge desde la percepción ciudadana dista de ser favorable. Más allá de los discursos oficiales, lo que predomina es una narrativa de división: un gobierno que, según múltiples voces, atiende con esmero a un sector afín, mientras margina a quienes no coinciden con su proyecto.

Uno de los señalamientos más sensibles tiene que ver con el acceso a servicios básicos, como el agua. La distribución mediante pipas, lejos de percibirse como un apoyo equitativo, es vista por algunos habitantes como un mecanismo de favoritismo político. A esto se suma el reclamo recurrente de puertas cerradas en la presidencia municipal para quienes buscan audiencia sin pertenecer al círculo cercano de la alcaldesa.

El problema de fondo no es solo administrativo, sino político. La confianza se erosiona cuando el ciudadano percibe trato diferenciado. Y en política local, donde las distancias son cortas y las relaciones directas, ese tipo de señales pesan más que cualquier informe de gobierno.

A ello se añade un dato que no pasa desapercibido: la fragilidad electoral. En la contienda pasada, la diferencia de votos fue mínima, apenas superior a un centenar de sufragios. Esto deja entrever que la supuesta base sólida de apoyo —que algunos estiman en cientos de beneficiarios— no necesariamente se traduce en respaldo efectivo en las urnas. La lealtad política, como suele ocurrir, no siempre es proporcional a los apoyos recibidos.

De cara a 2027, el escenario se vuelve aún más complejo. La intención de impulsar como sucesor a su pareja sentimental, Roque Sánchez Carrizal, introduce un factor adicional de tensión. Más allá del derecho legítimo a participar, las percepciones sobre su carácter y su relación con la ciudadanía podrían convertirse en un obstáculo significativo. En política, las formas cuentan, y mucho.

Así, Miquihuana se encuentra en una encrucijada: un gobierno que aún tiene tiempo para corregir el rumbo, pero que enfrenta un creciente desgaste, una ciudadanía dividida y un horizonte sucesorio incierto. Porque si algo ha demostrado la historia política local, es que los votos no se heredan… se construyen.