¿Bienestar o incertidumbre? Adultos mayores denuncian afectaciones a sus pensiones en Ciudad Victoria
Aseguran que recursos con los que sobreviven fueron retenidos por problemas con el Seguro Social; también denuncian malos tratos y respuestas déspotas en sucursales del Banco del Bienestar, particularmente en la ubicada sobre el bulevar Práxedis Balboa.
A las oficinas y redes sociales de El Decidor comenzaron a llegar varias denuncias de personas adultas mayores que aseguran estar enfrentando problemas con recursos relacionados con sus pensiones.
Son hombres y mujeres de la tercera edad que aseguran tener pendientes con el Instituto Mexicano del Seguro Social, algunos derivados de obligaciones relacionadas con construcciones, multas o adeudos.
Algunos reconocen que tienen una deuda y explican que incluso han buscado llegar a convenios para pagarla poco a poco.
El problema, dicen, es que sus ingresos son limitados. En algunos casos una mensualidad se retrasa porque simplemente no alcanza el dinero.
Y entonces llega lo que consideran el golpe más duro: aseguran que las cuentas donde reciben recursos destinados a su subsistencia terminan bloqueadas o afectadas.
No están pidiendo que les perdonen sus adeudos. No están diciendo que no deban.
Están preguntando algo mucho más sencillo:
¿Por qué se está afectando el dinero con el que viven?
La legislación mexicana establece una protección especial para las prestaciones pensionarias y contempla su inembargabilidad, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley.
Por eso la pregunta de fondo es inevitable:
¿Quién está ordenando estas retenciones, bajo qué fundamento y por qué terminan afectados recursos que utiliza un adulto mayor para sobrevivir?
Porque detrás de una cuenta no hay solamente un número.
Hay una persona.
Hay quien utiliza ese dinero para comprar sus medicamentos, pagar sus alimentos, cubrir servicios básicos o simplemente llegar al final del mes.
Una sucursal señalada directamente
Una de las principales quejas recibidas por El Decidor apunta directamente a la sucursal del Banco del Bienestar ubicada sobre el bulevar Práxedis Balboa, en la zona de Matías Hinojosa, en Ciudad Victoria.
Ahí, según los testimonios recibidos, algunos adultos mayores aseguran haber encontrado un trato que califican como déspota, desagradable y carente de sensibilidad cuando acuden a preguntar por el bloqueo o retención de sus recursos.
Y aquí aparece otra pregunta que merece una respuesta:
¿Quién está atendiendo a nuestros adultos mayores?
Porque estas personas no necesariamente tienen conocimientos jurídicos, bancarios o administrativos.
No tienen por qué saber qué autoridad ordenó una retención, qué procedimiento se inició, qué documento deben presentar o qué recurso pueden interponer.
En algunos casos, además, se trata de personas con dificultades para ver, caminar, leer documentos o comprender procedimientos complejos.
Llegan buscando una explicación.
Y, de acuerdo con las denuncias recibidas, algunos aseguran que en lugar de recibir orientación son tratados simplemente como deudores.
Algunos incluso señalan que se les habría respondido con frases como:
“Primero pague lo que debe.”
O:
“Usted es la deudora.”
Para una persona mayor que llega a preguntar qué ocurrió con el dinero que necesita para vivir, ese tipo de respuesta puede generar todavía más incertidumbre, miedo y angustia.
Porque una cosa es cobrar una obligación conforme a derecho y otra muy distinta es hacer sentir como delincuente a una persona de 70, 75 u 80 años que acudió a pedir una explicación sobre su propio dinero.
Y el problema, según los denunciantes, no se limita a una sola experiencia.
También han llegado señalamientos sobre malos tratos en otras sucursales, aunque una de las quejas que más preocupa apunta directamente a la ubicada sobre Práxedis Balboa.
El nombre de la institución es Banco del Bienestar.
Entonces la pregunta resulta inevitable:
¿Dónde queda el bienestar cuando un adulto mayor llega buscando ayuda y termina sintiéndose señalado, rechazado o tratado con desprecio?
El Banco del Bienestar atiende precisamente a sectores que muchas veces requieren mayor acompañamiento: adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas y pensiones.
Por eso la atención debería ofrecer certeza.
No miedo.
No incertidumbre.
No pena.
Y mucho menos hacer sentir a una persona vulnerable que debe saber de leyes para poder preguntar qué pasó con su dinero.
Para una persona joven, un problema bancario puede representar una molestia.
Para un adulto mayor que vive de una pensión, puede significar no comer, no comprar medicamentos o no pagar un recibo.
No se pide impunidad; se pide claridad
Si existe una obligación pendiente con el Seguro Social, que se cobre conforme a derecho.
Si existe un procedimiento legal para afectar determinados recursos, que se explique.
Si existe una orden de autoridad, que se informe quién la emitió y bajo qué fundamento.
Pero si la ley protege determinados recursos pensionarios, la pregunta permanece:
¿Por qué están llegando a este medio personas adultas mayores que aseguran haber perdido el acceso a ellos?
Y, sobre todo:
¿Quién los está atendiendo?
Porque cobrar una deuda puede ser una obligación legal.
Humillar a quien tiene una deuda nunca debería ser una forma de atenderlo.
Los adultos mayores no deberían salir de una institución que lleva la palabra Bienestar en su nombre con más miedo del que tenían cuando entraron.
No se pide impunidad.
Se pide claridad, respeto y una explicación.
Porque cuando se trata del dinero con el que una persona mayor compra comida, medicamentos y paga sus necesidades básicas, no estamos hablando solamente de una cuenta bancaria.
Estamos hablando de su tranquilidad.
Y la pregunta queda sobre la mesa:
¿Quién protege a nuestros adultos mayores cuando el dinero con el que viven queda atrapado y nadie les explica por qué?