Alcaldes bajo la lupa: ASE advierte cárcel o destitución por no solventar observaciones

Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, lanzó una severa advertencia a los 43 alcaldes de Tamaulipas: quienes no solventen las observaciones detectadas en la cuenta pública 2023, podrían enfrentar consecuencias legales que van desde la destitución del cargo hasta procesos penales.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades por un monto superior a los 11 mil 465 millones de pesos, siendo los municipios de Reynosa y Matamoros los más señalados, con 217 millones y 558 millones de pesos observados, respectivamente.
“Una vez que venza el plazo de solventación, si no se entrega la documentación correspondiente, se procederá a turnar los casos al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Anticorrupción. Las consecuencias pueden ser graves”, advirtió Noriega Orozco.
El funcionario recordó que el último paquete del informe fue entregado al Congreso local el 20 de febrero, y a partir de esa fecha se notificó a los entes auditados, abriendo un plazo de 30 días hábiles para solventar.
En el caso del último ente notificado el 6 de marzo, la fecha límite es el 22 de abril.
“Si no pudieron comprobar el uso del recurso durante todo un año, resulta difícil pensar que lo logren en apenas 30 días”, apuntó.
Noriega señaló que de un total de 94 auditorías de gestión financiera realizadas a los municipios, únicamente 13 lograron solventar completamente las observaciones.
Las otras 81 presentaron irregularidades, algunas de ellas clasificadas como faltas graves.
El auditor sostuvo que esta situación no implica necesariamente un aumento en la corrupción, sino que es reflejo de un nuevo enfoque más riguroso en la fiscalización, el cual no se había aplicado en administraciones pasadas.
“Estamos en un punto de quiebre en la rendición de cuentas. No se trata de persecuciones políticas. Este trabajo es técnico, no político”, subrayó.
El titular de la ASE reiteró que los alcaldes deben asumir la responsabilidad de lo que ocurre dentro de sus administraciones y no trasladar culpas sin revisar antes el desempeño de sus propios equipos financieros.