Ayotzinapa: Una década de impunidad
Las investigaciones de dos administraciones federales coinciden que elementos del Ejército Mexicano no participaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala; el paradero de los jóvenes no ha sido aclarado en esta década de los hechos perpetrados por policías municipales y gente del grupo criminal Guerreros Unidos; el caso sigue abierto.
Los hechos de arbitrariedad, agresión, violencia, muerte, impunidad e injusticia prolongados durante los últimos diez años se desarrollaron esencialmente en 6 horas. Entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, estado de Guerrero.
El asesinato de seis personas, las lesiones a 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de policías municipales y estatales, asociados con el grupo criminal Guerreros Unidos, tiene alcances históricos.
Las investigaciones de dos administraciones federales coinciden que elementos del Ejército Mexicano no participaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala; el paradero de los jóvenes no ha sido aclarado en esta década de los hechos perpetrados por policías municipales y gente del grupo criminal Guerreros Unidos; el caso sigue abierto.
Los hechos de arbitrariedad, agresión, violencia, muerte, impunidad e injusticia prolongados durante los últimos diez años se desarrollaron esencialmente en 6 horas. Entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, estado de Guerrero.
El asesinato de seis personas, las lesiones a 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de policías municipales y estatales, asociados con el grupo criminal Guerreros Unidos, tiene alcances históricos.
Las consecuencias negativas incluyen problemas en la seguridad pública, fallos en los mecanismos de inteligencia, deficiencias en la procuración de justicia, violaciones a los derechos humanos y sobre todo el profundo dolor que sufren los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes no se resignan a lo ocurrido hace 10 años. Los siguen buscando. Esperan su llegada.
El hecho se polarizó; se convirtió en bandera y botín político. Quebró añosas alianzas de lucha y estrechó aún más algunas relaciones institucionales.
El caso Ayotzinapa transcendió los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin avances en el paradero de los jóvenes, lo fundamental. Es una de las herencias para la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en cinco días.
En los últimos diez años se han realizado investigaciones oficiales de dos gobiernos federales de México; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), con seis informes.
Peña Nieto dejó el gobierno defendiendo la verdad histórica de su gobierno: “En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó”, dijo en un spot con motivo de su sexto informe de gobierno.
El 1 de septiembre de 2024, en su Sexto y último Informe de Gobierno, el presidente López Obrador dijo: “avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando a los jóvenes”.
RECONFIRMACIÓN DE HECHOS
En las distintas investigaciones se han reconfirmado los mismos hechos, con sus matices:
Que 43 estudiantes fueron desaparecidos, asesinados, cremados y que no se sabe su paradero. Salvo la identidad de restos óseos pertenecientes a tres de los 43 estudiantes.
Que la llamada verdad histórica del sexenio de Peña Nieto se construyó a partir de violaciones a los derechos humanos, pero no es mentira del todo.
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo la investigación más exhaustiva sobre el caso, todas sus recomendaciones han sido ignoradas públicamente.
Que el crimen dividió al nuevo régimen: algunos sostienen que fue un crimen de Estado, implicando a efectivos del Ejército mexicano, mientras que otros exculpan al Ejército de toda responsabilidad.
Que la administración que terminará en 120 horas no revirtió la verdad histórica, porque los restos óseos de uno de los jóvenes que encontró tenían rastros de fuego. La tesis de la verdad histórica es que un grupo de estudiantes fue cremado en un basurero de Cocula.
En el análisis de los hechos, el sexenio de Peña Nieto, que empezó con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, llamado Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, comenzó a terminar con lo sucedido con los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En los cuatro meses siguiente a los hechos, el gobierno de Peña Nieto, que inicialmente se mostró pasmado –intervino 18 días después–, investigó y presentó el 27 de enero de 2015, lo que se conoce como la verdad histórica. Esta verdad histórica fue desacreditada por la oposición, que se convirtió en gobierno.
La oposición a la verdad histórica la enarboló también el GIEI que inició trabajos en marzo de 2015. En septiembre de ese mismo año presentó su primer informe. Ahí comenzó un jaloneo de los hechos ocurridos hace 10 años. Lo único que es una verdad incontrovertible es que los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos.
LAS SEIS HORAS DE TERROR EN IGUALA
Los estudiantes iban a apoderarse de camiones y terminaron desaparecidos
Lo que hoy se conmemora como una tragedia sucedió en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala. Entre otros delitos, entonces ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hilo conductor del hecho que hoy cumple 10 años.
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, se trasladó a Iguala. El objetivo, se argumentó, era apoderarse de autobuses que ocuparían para participar en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, en 1968.
El secuestro de autobuses por parte de los estudiantes de Ayotzinapa para su activismo político ha sido habitual desde hace años y consentido por las empresas afectadas y autoridades: El 26 de septiembre de hace diez años las autoridades cambiaron su proceder.
Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. El operativo fue apoyado por otras corporaciones.
Los policías contuvieron el trayecto de cinco autobuses: tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes, que siguen en calidad de desaparecidos.
La violencia mortal de la noche del 26 de septiembre de 2014 se prolongó hasta la madrugada del 27. Se develó que el grupo criminal Guerreros Unidos estaba detrás de todas las acciones de agresión contra los estudiantes y población civil. Entonces, y varios días después, no se podía dimensionar los alcances del inédito suceso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señaló que el saldo de lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala fue de: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 42 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y madrugada; alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
LA VERDAD HISTÓRICA QUE CREEN ES MENTIRA
Con esa investigación, el gobierno de EPN quiso darle carpetazo al caso Iguala
La narrativa de la verdad histórica es la investigación con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó darle carpetazo al caso de la desaparición de los normalistas.
Esta verdad histórica, pronunciada por el entonces titular de la desaparecida Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam –que fue procesado por este caso y está en prisión domiciliaria acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia–, tiene puntos clave:
Los estudiantes fueron secuestrados por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014, después de que ellos se habían apoderado de algunos camiones de transporte de pasajeros.
Afirma que la policía entregó a los estudiantes al grupo criminal de Guerreros Unidos. Se refiere que los integrantes de Guerreros Unidos asesinaron y quemó a un grupo de jóvenes en un basurero en Cocula.
