Crisis en el campo detona bloqueos en Tamaulipas

 Crisis en el campo detona bloqueos en Tamaulipas

Productores exigen precios justos y freno a la importación de granos

En redes sociales circulan mensajes que buscan simplificar la situación del campo mexicano en dos bandos: los agricultores “privilegiados” del pasado y los “beneficiados” por los programas actuales. Sin embargo, la realidad que viven miles de productores en Tamaulipas —y que hoy los mantiene en las carreteras— demuestra que el problema va mucho más allá de una discusión política en internet.

Los agricultores del estado han respondido a estos discursos con una postura clara: su lucha no es por capricho ni por abundancia, sino por sobrevivir en un sector que se encuentra en su peor crisis en décadas. Reclaman precios de garantía justos, certidumbre comercial y la reconstrucción de los mecanismos institucionales que desaparecerían en los últimos siete años.

Por lo que productores agrícolas bloquearon la diversos tramos carreteros sobre todo en el norte del estado

El cierre inició a las 10:40 horas y permitió únicamente el paso de vehículos particulares, autobuses de pasajeros, ambulancias, patrullas y personas con emergencias médicas, paralizando por completo el tránsito de carga.

Cada hora se abría brevemente la circulación, mientras elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal desviaban y escoltaban a los automovilistas por brechas alternas.
Las manifestaciones, aseguraron los productores, continuarán hasta que el gobierno federal atienda las necesidades reales del campo.

Jorge Medina, integrante del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, señaló que desde 2018 el campo entró en una crisis profunda luego de que fueran desmantelados los instrumentos que daban estabilidad a la actividad agrícola: fideicomisos, banca especializada, seguros, subsidios al diésel y la desaparición de ASERCA, dependencia clave para la comercialización de granos.

También se perdió la investigación científica y tecnológica que permitía avanzar en productividad y competitividad, así como una veintena de mecanismos diseñados para dar certeza a quienes trabajan la tierra.

En contraste con la narrativa en redes sociales, los productores recuerdan que son agricultores, no campesinos marginados, y que el país depende de su actividad. Invierten millones en maquinaria, semillas, fertilizantes y combustibles, mientras enfrentan clima extremo, sequía, plagas y mercados inestables. Aseguran que es falso que los apoyos actuales sean “históricos”: en zonas como el altiplano el fertilizante del Bienestar ni se usa ni resuelve la crisis de fondo.

Como parte del movimiento nacional, agricultores y organizaciones de transportistas exigen frenar la importación masiva de granos libres de aranceles.
Tan solo en 2025, México ha recibido 40.7 millones de toneladas de granos, de las cuales 23 millones son maíz blanco y amarillo que compiten directamente con la producción local.

Se acusa que estos granos extranjeros, adquiridos por la industria a precios bajos, tienen entre 4 y 5 años almacenados, contienen restricciones fitosanitarias y han sido sometidos a químicos y pesticidas para conservarse. Esto no solo desplaza al productor mexicano, sino que representa riesgos para la salud de los consumidores.

La tarde del martes, representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y líderes transportistas participaron en una mesa de diálogo con diputados federales y funcionarios de Gobernación y Agricultura.
El encuentro buscó una salida a la crisis, pero hasta ahora no se han anunciado acuerdos concretos.

A las 18:00 horas, los agricultores levantaron por segundo día consecutivo el bloqueo en el kilómetro 201, aunque advirtieron que las protestas seguirán si el gobierno federal no responde con soluciones reales.

Aunque en internet abundan mensajes que minimizan o ridiculizan a los agricultores —muchos de ellos cargados de insultos y simplificaciones políticas— la realidad es contundente:
si el campo se detiene, el país también.

Los productores no están pidiendo privilegios, sino condiciones básicas para seguir sembrando lo que millones de mexicanos consumen cada día. Y mientras el precio del maíz se mantiene en alrededor de 4 pesos el kilo, la cadena comercial multiplica ese valor hasta que una tortilla llega a costar 25 pesos.
Lo que ellos reciben no alcanza ni para cubrir sus costos.

Por ello, su exigencia no es ideológica: es de supervivencia. Y su movimiento, lejos de ser un capricho político, es un llamado urgente para rescatar al campo mexicano antes de que sea demasiado tarde.

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