Desigualdad en la autopista “Rumbo Nuevo”: ¿y el resto del altiplano qué?
Redacción.-
Mientras el gobierno de Tamaulipas presume con bombo y platillo que la “nueva” autopista Rumbo Nuevo será gratuita para los ejidatarios de Jaumave, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿y los demás municipios del altiplano? ¿Palmillas, Miquihuana, Bustamante y Tula no existen o no califican por el simple hecho de no estar en el radar político actual?
La decisión de no cobrar a los habitantes de Jaumave por usar esta vía se justifica —según las autoridades— porque algunos son propietarios de los terrenos donde se realiza el reencarpetado. No se trata realmente de una autopista nueva, sino de una vieja carretera estatal construida durante el sexenio de Manuel Cavazos Lerma, abandonada por más de dos décadas y ahora resucitada a través de una concesión. Según la administración estatal, era la única forma de garantizar mantenimiento… aunque a costa de cobrar peaje.
Pero esta “solución” abre una profunda herida de inequidad regional. Porque mientras a Jaumave se le cuida, al resto del altiplano simplemente se le cobra. A los profesores, comerciantes, empleados federales y estatales, a las familias enteras que utilizan esta ruta de forma regular hacia Ciudad Victoria, no se les otorga ningún beneficio. Ni una tarifa preferencial, ni un descuento, mucho menos una exención.
Y aquí es donde se vuelve evidente el doble rasero. ¿Dónde queda la equidad para los municipios más empobrecidos de Tamaulipas? Aquellos que arrastran problemas históricos de abandono institucional, falta de empleo, escuelas sin docentes, caminos rurales intransitables y un olvido sistemático en el diseño de políticas públicas.
Al parecer, para el gobierno estatal hay ciudadanos de primera y de segunda. Porque mientras unos reciben privilegios por ser “parte del proyecto”, otros deben conformarse con pagar por transitar sobre lo poco que queda de lo que algún día fue infraestructura pública. Se repite el patrón: decisiones tomadas desde la capital sin entender la realidad del campo, sin conocer la precariedad de muchas comunidades rurales y sin ofrecer soluciones reales para el bienestar de sus habitantes.
Una autopista no debería ser una barrera ni un filtro de clase. Mucho menos en una región donde cada kilómetro recorrido cuesta más que lo que muchas familias pueden pagar. Esta medida no solo es injusta, sino que confirma la falta de sensibilidad y visión integral de un gobierno que parece más enfocado en justificar concesiones que en construir equidad.
La pregunta se mantiene: ¿y los demás, qué? ¿Quién los representa? ¿O ya se les olvidó que también son tamaulipecos?