Exponen presunta malversación y explotación laboral en Miquihuana
Redacción
Miquihuana, Tamaulipas. – Un reclamo público a través de mensajes de WhatsApp ha destapado un escándalo de presunta corrupción y mal manejo de recursos en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas.
El titular de redes sociales de la administración municipal exige el pago de 50 mil pesos por servicios no remunerados durante una campaña, evidenciando una trama de opacidad financiera y explotación laboral que involucra a la presidenta municipal, Gladis Magalis Vargas Rangel, y a su esposo, Roque.
En una conversación difundida, el colaborador reclama el pago pendiente por su trabajo en la campaña, incluyendo viáticos como transporte, boletos de autobús y gasolina entre San Luis, La Peña y Miquihuana.
Señala que nunca se acordó un monto previamente, pero subraya: “Yo no trabajé gratis”.
Además, menciona la posibilidad de emitir una factura, aunque cuestiona la disposición de la administración para saldar la deuda.
El caso no es aislado. Según denuncias, esta administración ha sistemáticamente *esquilmado a empleados: retiene aguinaldos completos, adeuda salarios y ofrece sueldos miserables, aprovechándose de la necesidad económica de la población.
El presupuesto municipal, que ronda entre 2.5 y 3 millones de pesos mensuales (distribuidos en gasto corriente, seguridad y obras públicas), parece administrarse con opacidad, priorizando intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
El titular de redes sociales, cuya madre trabaja en el mismo ayuntamiento, recurrió a la plataforma que gestionaba para la administración para exponer los abusos.
Esto no solo revela una gestión clientelar y nepotista, sino que expone cómo la herramienta destinada a promover la imagen oficial se volvió un altavoz de su propia crisis ética.
Las acusaciones apuntan a un posible saqueo de recursos públicos en los últimos meses de gestión, sugiriendo que la administración de Vargas Rangel actuaría con impunidad ante su salida inminente.
La falta de transparencia en contrataciones, el incumplimiento de pagos y el desvío de fondos (como señala el denunciante al vincular su caso con el “modo súper Andy” de operar) reflejan un patrón de abuso de poder.
Este caso evidencia la urgencia de auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas en gobiernos locales, especialmente en municipios con alta marginación como Miquihuana.
La denuncia, aunque surgida de un conflicto laboral, pone en jaque la credibilidad de una administración acusada de convertir lo público en botín.
En palabras del denunciante:
“Usted me contrató […] y nunca hablamos de cuánto valía mi trabajo […] están saqueando el erario público”. La frase resume un sistema donde la informalidad y la arbitrariedad sustituyen a la ley, mientras los funcionarios actúan como “vulgares ladrones”, según el reclamo.
La pregunta obligada:
¿Hasta cuándo los ciudadanos de Miquihuana seguirán financiando con sus impuestos una administración que, en lugar de garantizar servicios, parece dedicarse al enriquecimiento ilícito? La denuncia exige justicia, pero también revela que, sin presión ciudadana y mediática, la impunidad podría seguir reinando.
