Fiscalía y Seguridad Pública encabezan lista de violaciones de DDHH
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública encabezan la lista de denuncias por violación de derechos humanos por ineptitud, tortura, allanamiento de morada, agresiones, y negar el acceso a la legalidad y seguridad jurídica.
Una consulta realizada por este medio arrojó que del 2016 a agosto del 2022 la Fiscalía Estatal ha acumulado 35 recomendaciones por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), mientras que la SSP recibió un total de 31 de recomendaciones.
La recomendación 001/2022, originada por la queja 027/2018/III-R, establece que elementos de la Policía Ministerial torturaron en el 2014 a una mujer indígena –de etnia reservada– que no conocía el español, haciéndola firmar una declaración que ella no dio, lo que la mantiene presa sin sentencia desde entonces.
“En virtud de haber sido detenida el 10 de noviembre del 2014, cuando se encontraba en su casa con otra persona (…) momento en el que arribaron elementos de la Policía Ministerial, ingresando al inmueble llevándosela detenida, que no conoce el motivo por el cual fue privada de su libertad, aduciendo haber sido agredida físicamente por uno de los elementos que efectuó su detención, asimismo, señaló que fue trasladada a las oficinas del Ministerio Público en donde firmó lo que dijeron que era su declaración, desconociendo el contenido de la misma, toda vez que no comprendía bien el español”, establece el documento.
Otra recomendación –001/2018 – establece que elementos de la Policía Estatal Acreditable detuvieron a tres jóvenes –dos hombres y una mujer–, agrediéndolos por horas y exigiendo que declaren lo que ellos dicen, de lo contrario los continuarían golpeando.
La declaración del quejoso establece que los policías lo interceptaron a él y a su amigo, los hicieron descender del vehículo en el que viajaban, les vendaron los ojos, llevándoselos a un lugar desconocido donde los golpearon por horas.
“Nos llevaron con los ojos tapados con nuestras camisetas, llevándonos a un lugar donde nos estuvieron golpeando desde que nos agarraron hasta la noche, a mi novia la tenían aparte, pero también escuchaba que gritaba (..) ya en la mañana nos trajeron a las celdas del Ministerio Público y me bajaron para declarar, pero no fue así, sino que me siguieron pegando otros agentes ya que se habían enojado porque yo había declarado la verdad”.
Las violaciones no sólo han sido físicas, sino que los funcionarios han entorpecido las investigaciones por desaparición forzada, e inclusive le han negado el acceso a la información a los familiares de las víctimas, según los documentos de la Codhet.
Una madre de familia interpuso una denuncia en contra de los presuntos responsables de la desaparición de sus dos hijos en el 2017, pero los agentes de la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas se han negado a interrogarlas.
“Solicité que fueran a interrogar a estas personas para dar con el paradero de mis hijos, sin embargo, es fecha que no lo han hecho, solo ponen trabas”, señala la declaración de la madre de los desaparecidos.
También la carpeta 02/2020 refleja las malas prácticas de los agentes, al relatar que el personal de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador Especializado en Combate al Secuestro le ha negado el acceso a la información relativa a la desaparición de un joven en Aldama en el 2017, porque su familia no puede trasladarse de Reynosa a Ciudad Victoria para mantenerse al tanto de los avances de las pesquisas.
“La licenciada se ha negado a darme información por teléfono (de mi hermano), es el caso que da instrucciones a su personal de no darme información y se ha comportado conmigo de forma prepotente y grosera, (…) no es posible que por ser una persona que no vive en la capital del Estado, que carezco de recursos económicos me traten de esa forma y violando mis derechos”.
Como los casos aquí expuestos, se cumulan decenas de recomendaciones en contra de las dos corporaciones encargadas de combatir la delincuencia y reducir los índices de inseguridad, así como de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la verdad y la reparación del daño a las personas víctimas de delito.
