Miquihuana: donde los pleitos familiares dejan sin agua a un municipio
En Miquihuana el problema del agua ya no puede maquillarse como falla técnica ni como diferencia administrativa. Hoy es evidente que el desabasto, la mala calidad del servicio y la opacidad en su manejo están contaminados por algo mucho más grave: conflictos personales trasladados al ejercicio del poder público.
Aquí ya no se discute si hay voluntad política, sino si se está utilizando un derecho humano como rehén de rencillas internas. Porque cuando el agua se raciona, se ensucia o simplemente no llega, y quienes toman decisiones se conocen demasiado bien, la casualidad deja de ser creíble.
Las excusas se agotaron con la entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas, derivada de las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El artículo 28 es contundente: los municipios tienen la facultad y la obligación directa de garantizar el acceso al agua para consumo personal y doméstico. No es una recomendación, es un mandato. No se negocia, se cumple.
En ese contexto, la administración municipal de Miquihuana ya no puede esconderse detrás de discursos victimistas ni de supuestas interferencias externas. La responsabilidad es local y tiene rostro. La operación del sistema de agua potable está en manos de Luis Gerardo Vargas Rangel, alias “El Chompiras”, titular de la COMAPA, un personaje que no es ajeno a los círculos de poder del municipio y cuya relación con la alcaldesa Gladis Magalis Vargas Rangel pasó de la cercanía a la confrontación.
Y es precisamente ahí donde el problema se agrava. Cuando los asuntos personales se mezclan con decisiones públicas, el servicio deja de ser técnico y se vuelve selectivo. El agua comienza a fluir para unos y a desaparecer para otros. Se convierte en castigo, en presión, en moneda de control.
Mientras arriba se disputan posiciones, abajo la población recibe agua turbia, con olores anómalos y presuntos contaminantes que representan un riesgo sanitario real. No se trata de rumores: son quejas constantes, recipientes manchados, tuberías colapsadas y una desconfianza generalizada hacia un líquido que debería ser sinónimo de vida, no de enfermedad.
El acceso al agua potable no es una concesión graciosa del poder, ni un privilegio reservado para leales. Es un derecho humano. Y en Miquihuana, ese derecho está siendo vulnerado todos los días por omisión, negligencia y una peligrosa mezcla de intereses personales con funciones públicas.
Hoy el debate ya no es si la alcaldesa y el titular de COMAPA se hablan o no, ni quién traicionó a quién en el tablero político. El verdadero conflicto es entre la ley y la irresponsabilidad. Y en esa confrontación, quienes están perdiendo son los ciudadanos.
Porque cuando el agua se administra con rencor y no con legalidad, el problema deja de ser político y se convierte en una violación abierta a los derechos fundamentales.
En Miquihuana ya no falta agua.
Falta gobierno y sobra odio fraterno!