Morena y PAN de acusan se intromisión en elección judicial
El partido Morena salió al paso de las acusaciones lanzadas por el dirigente estatal del PAN, Luis René “Cachorro” Cantú, quien cuestionó la legalidad de la contratación de un despacho jurídico por parte del Gobierno del Estado.
La dirigencia morenista negó categóricamente que se tratara de una acción con fines personales del gobernador Américo Villarreal Anaya, como se ha insinuado en algunos medios.
Según señalaron, el contrato con el despacho legal fue realizado bajo los marcos legales vigentes y con un propósito específico: dar seguimiento a procedimientos legales en la capital del país relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos durante la pasada administración estatal.
“Es falso que se haya contratado para fines personales del gobernador, se trata de una estrategia legal para atender casos que involucran un quebranto de más de mil millones de pesos al patrimonio público”, puntualizó Morena en un comunicado.
El partido también criticó lo que calificó como una campaña de desinformación encabezada por actores políticos del pasado, entre ellos el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, señalando que su objetivo es frenar las investigaciones y conservar los privilegios que obtuvieron en el poder.
“Les incomoda que hoy existan jueces libres, sin ataduras, y comprometidos con el pueblo, quieren seguir lucrando con la corrupción que los protege y garantiza su impunidad”, acusaron.
En ese contexto, Morena hizo un llamado directo al PAN y a su dirigente estatal para que se abstengan de intervenir en el actual proceso judicial y respeten el marco constitucional, recordaron que tanto la Constitución como la Ley Electoral del Estado prohíben la injerencia de partidos o funcionarios públicos en la selección de juzgadores.
“Ni directa ni indirectamente pueden influir, esa etapa del poder sometido a intereses partidistas ya terminó”, sostuvieron.
Finalmente, el partido gobernante reiteró su compromiso con la legalidad, la democracia y la transformación del sistema judicial, afirmaron que no permitirán que se utilicen campañas de desprestigio o discursos disfrazados de libertad de expresión para desacreditar un proceso que consideran histórico.
