Por Felipe Martínez Chávez

No convence la reforma Constitucional que revoca a mitad de sexenio el mandato de los presidentes de México, según los deseos y compromisos de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Para ir a las urnas necesitan pedirlo, con nombre y firma, por lo menos el tres por ciento del padrón electoral nacional. Solo los ciudadanos pueden solicitarlo.

Las principales preguntas son ¿quién se encargará de reunir esas firmas? ¿los enemigos del presidente? ¿los partidos de oposición? ¿dinero de otros países?

No lo pueden exigir el propio presidente ni las Cámaras (Senadores y Diputados), solo la sociedad civil.

Al 25 de octubre del presente, el padrón andaba en 90 millones 132 mil enlistados, lo que significa que el tres por ciento es una cifra estratosférica como para convencer.

Es más, si los enemigos –los conservadores, fifís y toda esa fauna que todos los días menciona- del señor López no se reúnen y trabajan juntos, para el 2022 le harán lo que el aire a Juárez.

La revocación se deberá hacer extensiva a las entidades federativas, en cuanto a los Gobernadores. La receta para los presidentes municipales ya está, incluyendo nuestra Carta Estatal. No es de ahora sino de años atrás, pero inexplicablemente ningún edil ha sido separado por ese método.

Según los acuerdos de diputados y senadores, la revocación viene siendo una “pérdida de confianza” de los ciudadanos hacia sus autoridades, y debe llevarse por una sola vez después de la mitad del sexenio.

Para el caso de AMLO, el levantamiento de firmas deberá efectuarse desde noviembre y hasta el 15 de diciembre del 2021, es decir, después de las elecciones intermedias. El tema iría a las urnas ahí por marzo bajo la vigilancia del Instituto Nacional Electoral.

Insistimos ¿quién va a financiar el levantamiento?. No se antoja que vaya a funcionar. Solo fue una bandera de campaña que muy pocos ciudadanos entendieron.

El acuerdo minuta del Congreso de la Unión se encuentra ya en las legislaturas estatales para su ratificación. Se necesita un número de 17 que ya las tiene Morena en la bolsa.

Ahora bien, la reforma concede año y medio para que los estados reformen sus Constituciones e introduzcan la revocación para los Gobernadores, algo que tampoco funcionará ¿por qué?. Lo mismo, las firmas ¿quién las va a trabajar?.

La primera evaluación le tocaría al siguiente titular cuerudo. Bueno, considerando que en 2024 se dará una elección por seis años luego de un bienio entre 2022 y 2024.

En este caso podrá ser solicitada por el diez por ciento del padrón electoral de la fecha en que se de el suceso.

Por ejemplo, al 25 de octubre del presente, el padrón tamaulipeco andaba por dos millones 630 mil ciudadanos. El diez por ciento significan 263 mil almas residentes en por lo menos la mitad más uno de los municipios, es decir 22 de ellos ¿quién las podría aglutinar?

Las reformas locales son obligatorias y deberán introducirse en tiempo después que la Constitucional entre en vigor, lo cual incluye la Ley Electoral de Tamaulipas.

En ese tenor, nuestros Gobernadores serán sometidos por segunda vez a las urnas, mediante convocatoria que se emitirá “después de tres meses de la primera mitad de su ejercicio”.

Si la administración arranca en octubre, para diciembre (tres años después) puede expedirse la convocatoria por parte del IETAM, para ir a las urnas en marzo y tendría validez si vota el 40 por ciento de ese porcentaje del padrón.

Hay una disparidad de porcentajes. Para revocación del Presidente es el tres por ciento; para Gobernadores el diez. La consulta popular con el dos por ciento del apoyo ciudadano.

Insistimos: No convence la reforma pejista.  A menos que sus cada vez más enemigos se organicen, lo sentarán en el banquillo. Pero no garantiza que se tenga que ir, considerando que, según las últimas encuestas, sigue contando con el respaldo de los sectores populares, el voto duro morenista.

Decíamos que la Carta Magna de Tamaulipas ya prevé el caso de presidentes municipales en su artículo 130, lo cual nunca hemos visto en los últimos decenios.

El conducto es el Congreso del Estado por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, que podrá suspender un ayuntamiento “o revocar a alguno de sus integrantes” por las causas que ya menciona la Ley.

Dejemos que el tiempo pase y nos lleve a noviembre del 2021 cuando empieza a correr el ciclo de recolección de firmas para sentar en el banquillo al señor López.

Otras entidades ya contienen el refrendo de los Gobernadores, como Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Sinaloa, Baja California, pero la revocación no se ha llevado a la práctica.

Vaya bronca en que está metido el alcalde de Tula, Vladimir Coronado Posadas, al no querer pagar 12 millones de pesos por un terreno que el ayuntamiento despojó a su propietaria Patricia Ann Austin y Mena, que consta de 602 hectáreas donde retozaron su corrupción los últimos alcaldes y sus amigos y parientes.

El señalamiento dice que al predio ahora le dicen “El Agarrón” porque los funcionarios todos de los últimos ayuntamientos, agarraron a la brava, incluyendo a un Fausto Coronado de León, ex Secretario Municipal con Rodolfo Lara Castillo.

Una larga cola en que le podría resultar responsabilidad al ex Gobernador Egidio Torre Cantú, al asignar el contrato de obra SOP-IF-EEP-242-151 para un “Mirador en el Cerro de la Cruz”, sin tener escrituras del sector público.

La cuerda se rompió por lo más delgado. La Contraloría castigó con un “coscorrón” a Rubén Jorge Gómez Elizondo, entonces Subsecretario de Servicios Técnicos y Proyectos de Obra Pública, y a Jesús Demetrio Reyes Monsiváis, Director Jurídico y Acceso a la Información, ambos en la SOP que manejó el tristemente célebre Manuel Rodríguez Morales.

Era dinero federal de apoyo a los Pueblos Mágicos y la empresa beneficiada, Constructora DACA, recibió la asignación con fecha 12 de octubre de 2015.

El coordinador parlamentario del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, dijo ayer a los reporteros que no conoce la solicitud del Poder Judicial de la Federación para destituir al ayuntamiento tulteco, pero en cuanto tenga conocimiento emitirá un posicionamiento.

Mire que el tal “Hermano Lelo” tulteco ha resultado un tracalero. También debe y no quiere pagar más de 500 mil pesos por un terreno “adquirido” por el ayuntamiento para la construcción de una plaza, propiedad de Miguel Angel Posadas Molina, su pariente, su tío.

Los amparos van porque pague o devuelva la plaza –aun sin escrituras-, a su auténtico propietario.

Y Don Lelo quiere la reelección ¿qué opinarán los tultecos?.