Se van con “guaruras” de por vida
Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se van con “guaruras” y vehículos pagados por el Estado por otros seis años y, si las condiciones de riesgo lo ameritan, la protección será “de por vida”.
El Gobernador Francisco Javier García, según la reforma a la Constitución promovida por su gobierno, tendrá suficiente personal a su disposición en el lugar en que se encuentre, lo mismo que su familia.
La reforma se dio directamente a la Carta Estatal, sabiendo que los contrincantes morenos no tendrían la mayoría calificada para revertir el decreto.
Incongruencia: A finales del 2016, el entonces flamante Gobernador le quitó los ocho “guaruras” de que gozaban –cada uno- Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, alegando dispendio y procurando ahorros para el Estado.
El personal contaba con vehículos y armas de la entonces Procuraduría de Justicia.
A la llegada del PAN al poder el ejecutivo denunció que alrededor de 400 policías cumplían funciones de guardaespaldas en lugar de vigilar la seguridad pública de los tamaulipecos.
La adición al artículo 29 Bis se hizo a toda prisa en septiembre del 2021, antes que llegara la 65 legislatura con mayoría Morena. Los panistas querían “blindar” a los ex funcionarios.
En tales términos, considerando que Acción Nacional tiene en su poder la Junta de Coordinación Política, los elementos para el Gobernador y su familia son un hecho. Morena tendrá oportunidad de trabajar a su manera hasta octubre del 2024, si es que gana la mayoría en la 66 legislatura.
Resumiendo: Los guaruras van porque van.
Junto a García, con fondos públicos se pagarán guardaespaldas al Fiscal Irving Barrios Mojica, a cualquier parte del país o del mundo a donde vaya, si es que quiere renunciar a la dependencia una vez que llegue el gobierno de Américo Villarreal Guerra.
La propuesta de reformas a la Carta Estatal partió del entonces diputado tricolor Florentino Sáenz Cobos, e incluyó con guardia personal a los ex secretarios Generales de Gobierno, secretarios de Seguridad Pública y el Fiscal.
Dice el decreto que el objetivo es “preservar la vida e integridad física” de los ex funcionarios.
En esa interpretación, tendrá escolta por lo menos los siguientes cinco años y medio el ex secretario General César Augusto Verástegui Ostos –lo que duró en la chamba-, en tanto que Gerardo Peña Flores por los nueve meses de estancia en la segunda esquina del poder.
Con tal escenario, para finales de sexenio es posible que esté “comisionado” el mismo numero de guaruras que había en el 2016 ¿se le restituirán a los otros ex Gobernadores? Por ahora Geño y Yarrington no los necesitan –porque están en prisión-, pero sí Don Manuel Cavazos Lerma ¿y Egidio?.
Ya solo falta, decíamos, que antes de irse el gobierno panista decrete una pensión vitalicia para el ex Gobernador por la misma lana que ganen los que estén en activo, ello para darle no solo la seguridad física sino también económica y emocional ¿sí?.
Le dimos una revisadita y mire que ningún ex Gobernador se ha autorizado remuneración alguna como “pensión”. El único caso fue a favor de Doña María del Refugio Narváez, viuda de Francisco Castellanos Tuexi. Se dio por decreto en 1983 para asignarle 25 mil lanas por mes.
A nivel nacional, que se sepa, solo Yucatán mantuvo por varios años pensión para los ex, siempre y cuando confirmaran arriba de los 60 añitos. La Ley se retiró por iniciativa del PAN.
¿Qué piensa usted sobre ambos temas? La seguridad personal para los ex funcionarios, que es un hecho, y la posibilidad de la pensión.
Para que el gobierno de Morena no diga que no hay recursos, los panistas resguardaron los montos presupuestarios. El de seguridad pública no podrá disminuirse, al contrario, deberá aumentar anualmente.
Tema aparte, la tarde de este jueves el IETAM declaró inexistentes infracciones al proceso electoral por parte del Gobernador Francisco Javier García y el candidato de la coalición Va por Tamaulipas, César Verástegui. Los consejeros no se quieren manchar las manos. Allá los tribunales que lo decidan.
Se cumplió el plazo de cuatro días para impugnaciones de la elección. Morena lo hizo en los distritos que perdió, y los prianistas en los 22 alegando irregularidades. El Trieltam abrió una treintena de expedientes que se desfogarán en un mes aproximadamente.
Lo seguro seguro con estos recursos, es que el defensor Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del INE, se llevará un buen costal de billetes en los tres meses de chamba.
La última palabra es del Tribunal Federal, que ahora mismo tiene en lista de espera Juicio Electoral promovido por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en calidad de Gobernador y no como ciudadano, en contra del TRIELTAM que le ordenó “abstenerse de manifestarse a favor o en contra de los candidatos” o dar cualquier información que pudiera influir en las preferencias electorales.
La idea es que lo borren del Catálogo de Sujetos Sancionados, donde ahora es el primer Gobernador que recibe una llamada de atención.
