8 años de cárcel a quien filtre estrategias contra el crimen
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Para frenar filtraciones y el uso indebido de datos sensibles, el Congreso del Estado avanza en el estudio de una reforma al Código Penal que contempla penas de hasta ocho años de prisión, multas económicas y sanciones más severas para servidores públicos, además de permitir que estos delitos sean perseguidos de oficio.
La iniciativa, presentada por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, propone incorporar un nuevo tipo penal que castigue tanto el acceso ilegal a sistemas informáticos como el uso indebido de información por parte de personas que, aun teniendo acceso autorizado, la utilicen con fines distintos a los permitidos.
En el documento, el legislador advierte que la delincuencia ha evolucionado con el uso de herramientas tecnológicas, particularmente en delitos como la extorsión.
“Hoy en día, la extorsión no solo se comete mediante amenazas directas, sino también mediante el uso indebido de información sensible obtenida de sistemas institucionales”, señala.
El planteamiento destaca el riesgo que representa la vulneración de los sistemas de seguridad pública, al contener información estratégica que podría afectar operativos y poner en peligro tanto a la ciudadanía como a los cuerpos de seguridad.
“La información en materia de seguridad pública posee un carácter altamente sensible y estratégico, cuya vulneración puede comprometer operativos policiales y poner en riesgo la vida de servidores públicos y ciudadanos”, indica.
La reforma contempla adicionar el artículo 207-Septies, donde se establece que cualquier persona con acceso autorizado que obtenga, utilice o difunda información confidencial enfrentará penas de cuatro a ocho años de prisión, además de multas de 90 mil pesos.
Se propone también un incremento en las sanciones cuando el responsable sea un servidor público, particularmente de instituciones de seguridad, con penas que podrían aumentar hasta en una mitad, además de la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.