Cuesta inseguridad más de 3 mil 600 millones a empresas de Tamaulipas
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La inseguridad se ha convertido en un costo millonario para las empresas de Tamaulipas, que durante 2025 acumularon pérdidas por delitos y gastos en medidas de protección superiores a los 3 mil 600 millones de pesos.
El impacto económico coincide con un incremento de 26.3 por ciento en la prevalencia delictiva contra establecimientos entre 2023 y 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Con este crecimiento, Tamaulipas se colocó como la segunda entidad del país con mayor aumento en delitos contra unidades económicas, solamente detrás de Tlaxcala, que registró una variación de 37.3 por ciento.
La incidencia pasó de mil 756 a 2 mil 217 establecimientos víctimas de algún delito por cada 10 mil unidades económicas, una tendencia que ha obligado a los negocios a modificar sus condiciones de operación para proteger sus recursos y trabajadores.
El problema alcanzó a 28 mil 316 unidades económicas durante 2025, que en conjunto declararon 65 mil 535 delitos, equivalentes a 2.3 ilícitos por cada establecimiento afectado.
El sector comercial concentró la mayor afectación, principalmente por robo hormiga, extorsión y robos o asaltos de bienes y dinero. También se reportaron fraudes, actos de corrupción, robo de vehículos, mercancía en tránsito y delitos informáticos.
La extorsión representa uno de los principales riesgos para los establecimientos, debido a que afecta directamente su operación y genera condiciones de incertidumbre para empresarios y trabajadores.
Sin embargo, la dimensión real del problema podría ser mayor, debido a que el 92.8 por ciento de los delitos no fue denunciado ante las autoridades.
Esto significa que apenas ocho de cada 100 ilícitos contra empresas llegaron a conocimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
La desconfianza institucional figura entre los principales obstáculos para denunciar. El 62.9 por ciento de las razones para no hacerlo estuvo relacionado con factores atribuibles a las autoridades, entre ellos la pérdida de tiempo, los trámites complicados, la falta de confianza y el temor a posibles actos de extorsión por parte de funcionarios.
Otros establecimientos optaron por no denunciar debido al miedo a los delincuentes, la percepción de que el delito fue poco importante o la falta de pruebas.
Ante la incidencia delictiva, las empresas han tenido que destinar recursos propios para reforzar la seguridad de sus instalaciones.
El INEGI contabilizó 70 mil 109 unidades económicas que realizaron algún gasto para protegerse, con una erogación conjunta de mil 879 millones 550 mil pesos.
En promedio, cada establecimiento que implementó medidas preventivas desembolsó 26 mil 899 pesos.
Las acciones más recurrentes fueron la instalación de alarmas y cámaras de vigilancia, con 23.2 por ciento de los establecimientos; así como el cambio o colocación de cerraduras y candados, con 20.8 por ciento.
También se realizaron modificaciones en puertas y ventanas, instalación de rejas y bardas, contratación de vigilancia privada y adquisición de sistemas para protegerse de ataques cibernéticos.
En conjunto, el 59.7 por ciento de las unidades económicas adoptó alguna medida de protección para reducir los riesgos de convertirse en víctima de la delincuencia.
Pero el gasto en seguridad no es la única consecuencia. La actividad empresarial también ha tenido que ajustarse para disminuir la exposición a los delitos.
El 23.4 por ciento de los establecimientos dejó de manejar efectivo o redujo su utilización al mínimo, mientras que el 11.1 por ciento disminuyó sus horarios de producción o comercialización.
Además, el 6.4 por ciento canceló rutas de distribución o venta y el 4.9 por ciento de los propietarios dejó de acudir a sus negocios.
Uno de los efectos más preocupantes para la economía es que el 18.3 por ciento de los establecimientos afectados canceló planes de crecimiento, lo que representa proyectos de expansión que dejaron de concretarse ante las condiciones de inseguridad.