¡El agua no es negocio!
Señalan que en Estanque de los Eguia cobran hasta mil pesos por una pipa de agua
MIQUIHUANA, TAMPS.— Mientras familias de comunidades rurales enfrentan diariamente la necesidad de conseguir agua para beber, cocinar y realizar sus actividades básicas, habitantes de localidades cercanas al ejido Estanque de los Eguia lanzan un fuerte señalamiento: el agua extraída del pozo San Juan 1 estaría siendo comercializada a precios que, aseguran, resultan excesivos para la economía de la población.
De acuerdo con testimonios de habitantes de la región, una pipa con aproximadamente 10 mil litros de agua llegaría a venderse hasta en mil pesos; mientras que un recipiente de unos 200 litros podría alcanzar entre 100 y 200 pesos.
Y aquí surge la pregunta que incomoda:
¿Quién autorizó que el agua se convierta en negocio y quién está vigilando cuánto se extrae y cuánto se cobra?
Los inconformes sostienen que el agua del subsuelo no puede ser tratada como si fuera propiedad particular de quienes tuvieron la fortuna de asentarse sobre una zona con disponibilidad del vital líquido.
El artículo 27 constitucional establece el régimen de las aguas del subsuelo y faculta al Gobierno Federal para regular su extracción y aprovechamiento cuando así lo exija el interés público. La explotación de aguas nacionales también está sujeta a las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y, en su caso, a los títulos y volúmenes autorizados por la autoridad competente.
Por eso, más allá de discursos y justificaciones, los habitantes tienen derecho a conocer:
¿Quién posee el título o autorización para explotar el pozo San Juan 1?
¿Cuántos litros puede extraer legalmente?
¿Para qué uso está autorizado el aprovechamiento?
¿Está permitido comercializar el agua y bajo qué condiciones?
¿Quién recibe los ingresos por la venta del vital líquido?
Y una pregunta todavía más importante:
Si el agua es un recurso indispensable para la población, ¿por qué una familia tiene que pagar hasta mil pesos para obtener una pipa de aproximadamente 10 mil litros?
Los señalamientos no son menores. Tampoco debería serlo la respuesta de las autoridades.
Porque si existen permisos, concesiones y cobros legalmente establecidos, que se hagan públicos y se expliquen a la población. Y si alguien está aprovechando el recurso fuera de las condiciones autorizadas, corresponde a las autoridades competentes investigar y actuar.
Lo que no puede quedar en la oscuridad es el manejo de un recurso que resulta vital para cientos de familias.
Los habitantes de las comunidades cercanas piden que CONAGUA y las autoridades correspondientes revisen el pozo San Juan 1, hagan públicos sus títulos, permisos, volúmenes autorizados y condiciones de aprovechamiento, y determinen si la extracción y comercialización denunciadas se encuentran dentro del marco legal.
Porque una cosa es administrar un recurso y otra muy distinta sería —si los señalamientos se acreditan— hacer negocio con la necesidad de la gente.
EL AGUA ES VIDA. Y LA VIDA DE LAS FAMILIAS NO DEBERÍA TENER PRECIO.