La calle Zaragoza: una obra de 2.4 millones de pesos bajo la lupa
Por: Lic. Rosbel Bazán López
¿Se justificó la inversión de 2 millones 440 mil pesos en la construcción de la calle Zaragoza, entre Hidalgo y Canales, en Miquihuana? Esa es una de las interrogantes que surgen al poner sobre la mesa los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), las características de la obra y las observaciones relacionadas con la documentación del gasto público.
La calle Zaragoza fue construida con concreto hidráulico. De acuerdo con los datos disponibles, la inversión ascendió a 2 millones 440 mil pesos. Sin embargo, la obra ya tuvo que ser rehabilitada en las inmediaciones de la calle Hidalgo, donde el concreto presentó resquebrajaduras, lo que obligó a destinar nuevamente recursos municipales para atender los desperfectos.
El asunto merece una explicación puntual: ¿qué originó las fallas en una obra de reciente construcción y quién asumió la responsabilidad por las reparaciones? También es necesario conocer si se hicieron efectivas las garantías correspondientes y si los trabajos cumplieron con las especificaciones técnicas contratadas.
De acuerdo con las cifras referidas, Miquihuana recibe anualmente 13 millones 919 mil 806 pesos del FAIS, lo que equivale a un promedio mensual de un millón 159 mil 983 pesos. Bajo esa referencia, los 2 millones 440 mil pesos destinados a la calle Zaragoza representan poco más de dos meses de dichas aportaciones.
La comparación abre otra interrogante: ¿se priorizó adecuadamente el destino de los recursos o quedaron rezagadas otras obras de infraestructura social que también eran necesarias para la población? La respuesta debe sustentarse en los expedientes técnicos, los proyectos ejecutivos, las actas de entrega-recepción y la documentación que justifique la aplicación de cada peso.
A este panorama se suma la referencia a deficiencias en la identificación documental de los recursos del FAIS señaladas en una revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Para determinar su alcance, es indispensable conocer el informe específico, el ejercicio fiscal revisado y el tipo de observación formulada, pues una deficiencia documental no equivale, por sí sola, a la acreditación de un desvío de recursos.
En cuanto a la fiscalización de las cuentas públicas municipales de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, es necesario verificar el estado de los dictámenes y las resoluciones definitivas correspondientes a cada ejercicio. Respecto de 2026, al encontrarse todavía en curso el año fiscal, no corresponde tratarlo como una cuenta anual vencida y definitivamente fiscalizada.
Mientras tanto, la administración encabezada por la alcaldesa Gladis Magalis Vargas Rangel enfrenta cuestionamientos que requieren respuestas claras y documentación verificable. En el terreno político, también se ha señalado la posibilidad de que busque dejar a Roque Sánchez Carrizal en una posición de continuidad; sin embargo, cualquier afirmación sobre acuerdos para proteger intereses personales debe distinguirse de los hechos que puedan acreditarse documentalmente.
A las dudas sobre la obra pública se agregan señalamientos acerca de un presunto grupo de contratistas que, según versiones por confirmar, participaría en trabajos vinculados con el entorno cercano de la alcaldesa y su pareja sentimental. También se han planteado sospechas sobre la facturación de obras y las condiciones económicas bajo las cuales se ejecutarían los contratos. Se trata de acusaciones que deben investigarse y contrastarse con contratos, facturas, estimaciones, comprobantes de pago y posibles conflictos de interés, antes de presentarlas como hechos probados.
Lo cierto es que el manejo del dinero público no puede quedar sujeto a las explicaciones políticas ni a la confianza ciega en los funcionarios. Si existen inconsistencias, la ciudadanía tiene derecho a conocerlas; si hay observaciones de auditoría, deben aclararse; y si se detectaron fallas en una obra, corresponde determinar quién debe responder por ellas.
La pregunta de fondo sigue en pie: ¿se está invirtiendo el presupuesto municipal con criterios de prioridad, transparencia y calidad, o existen decisiones que merecen una revisión más profunda? En Miquihuana, las respuestas deben estar en los documentos, en los resultados de las auditorías y en la calidad de las obras que finalmente recibe la población.