La obra que se quiere ejecutar, pero que la altura no permite

Bustamante, Tamaulipas.- alcaldesa de Bustamante Dra. Maricela Rodríguez González ha aclarado a los “contreras” en reiteradas ocasiones que el dinero público federal tiene reglas y candados para su ejecución.

Por ello vale la pena hacer una precisión jurídica importante sobre el tema de la obra pública municipal.

Mucha gente piensa que la alcaldesa puede decidir libremente dónde realizar obras, pero cuando se trata de recursos federales eso no funciona así.

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), que en el caso de Bustmante la federación trasfiere poco más de 28 millones de pesos los cuales aterrizan a la tesorería municipal gota a gota durante todo el año.

Existen reglas de operación muy claras. Ese dinero no puede utilizarse en cualquier colonia ni destinarse a cualquier proyecto únicamente por decisión política o conveniencia administrativa.

La munícipe Rodríguez González, consensa las obras con el Ejecutivo Estatal y, es quien decide del catálogo de acciones que se le presentan cuales son las que tiene más viabilidad de ejecutarse, así que para los que creían que la alcaldesa Bustamantense realiza las obras a su arbitrio están equivocados, porque el FAISM tiene reglas muy claras, para efecto de garantizar que cada peso producto de los impuestos se destine a obras prioritarias.

La ley establece que estos recursos deben dirigirse prioritariamente a zonas con rezago social y atención prioritaria, es decir, lugares donde realmente existen carencias en servicios básicos como agua potable, drenaje, electrificación, vivienda o infraestructura elemental.

Por eso, en Bustmante no aparecen obras financiadas con recursos del FAISM en sectores que no presentan rezago social, resulta válido y necesario cuestionar si dichas acciones cumplen con los lineamientos federales establecidos para el uso de ese dinero público.

A la administración municipal de Bustmante le queda bien claro que la obra pública no debe convertirse en una herramienta de intereses personales, políticos o electorales.

Debe responder a criterios técnicos, legales y sociales claramente definidos.
Porque una cosa es lo que un presidente municipal quiere hacer… y otra muy distinta es lo que la ley le permite hacer con recursos federales.