Poder Judicial de Tamaulipas alista nuevo sistema de oralidad civil y familiar para abril de 2027
Maggie Tamez
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Poder Judicial de Tamaulipas trabaja para poner en marcha, a partir de abril de 2027, el nuevo sistema de oralidad civil y familiar en Ciudad Victoria, como parte de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López.
La titular del Poder Judicial explicó que la prioridad será la materia familiar, ya que representa más del 80 por ciento de la carga de trabajo de los juzgados en la entidad.
“Nuestra prioridad es que podamos arrancar en abril en Ciudad Victoria con el nuevo sistema de oralidad civil y familiar, que permitirá que los juicios sean más ágiles, más eficaces, pero sobre todo con más cercanía y transparencia hacia las partes”, señaló.
Contreras López indicó que, para la implementación del nuevo modelo, no se contempla la creación de nuevos juzgados, sino una reconfiguración de los juzgados civiles y familiares de la primera región judicial, además de la contratación de personal adicional, ya que el sistema tradicional continuará operando mientras concluyen los asuntos pendientes.
Precisó que cada año el Poder Judicial atiende alrededor de 90 mil asuntos en materias civil y familiar, por lo que la transición requerirá fortalecer la capacidad operativa de los tribunales.
En otro tema, la magistrada respaldó la iniciativa federal para homologar el delito de feminicidio en todo el país, al considerar que permitirá contar con un solo tipo penal y criterios uniformes para su aplicación.
“La reforma que se está planteando es homologar un solo tipo penal a nivel nacional, esto da certeza y permitirá que todos los estados tengamos una misma regulación, en lugar de que cada entidad lo haga de manera distinta”, afirmó.
Respecto al caso de la adolescente Dafne, ocurrido recientemente en el sur del estado, Contreras López señaló que este tipo de hechos obliga a revisar y fortalecer el marco legal para proteger a niñas, niños y adolescentes, por lo que el Poder Judicial ya colabora con el Congreso del Estado aportando información técnica para las reformas que actualmente se analizan.