Prueba fotográfica del voto
Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En los últimos días alguna voz se atrevió a solicitar al Instituto Nacional Electoral la atracción del proceso electoral de Tamaulipas, por desconfiar de las autoridades del OPLE.
A estas alturas de la contienda ya no se puede, así se de una “elección de estado” como lo denuncian los opositores. A once días de los comicios es imposible.
Es muy sencillo pero no cualquier hijo de vecino puede pedirlo. Es algo reservado para cuatro consejeros del INE y la totalidad de los del IETAM.
Nuestros paisanos no lo van a hacer. Sería como escupir para arriba, decir a los cuatro vientos que no pueden con el “paquetito”.
A decir verdad intervienen poco en las elecciones. Mas bien las organiza el árbitro nacional, encargado por ejemplo de la ubicación de las casillas, nombramiento de sus funcionarios y la fiscalización. Contar los votos no tiene chiste.
Luego de presentarse al pleno del INE, se necesita la aprobación de una mayoría de ocho consejeros. Lo que sigue es la chamba del trámite que no es poca.
En 2021 un partido –sin tener facultades-, Fuerza por México, dijo haber enviado oficio al organismo solicitando tomar las riendas de la elección por temor a fraudes del Pan-gobierno. Ni los “pelaron”.
Por lo general lo piden las oposiciones, como también se dio el caso en 2018, de un PRI dirigido por Yahleel Abdala Carmona, antes de convertirse en panista. No le hicieron caso.
Otros querían que el nacional tomara de urgencia, por su cuenta, las elecciones en Veracruz, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas. Nadie les siguió el juego.
No hay límite de plazos para quitar de las manos lo que queda de organización al Ople, pero los facultados no han emprendido el camino. Les ganó el tiempo para plantearlo a cuatro consejeros nacionales.
La asunción total sería todo, hasta la entrega de constancias de mayoría.
Cambiando, por fin la propietaria del edificio que ocupó Morena Tamaulipas, 15 Allende No. 302, ciudad Victoria, logró orden para desalojar al presidente estatal, Enrique Torres Mendoza, luego de más de dos años de ocupar el inmueble sin pagar renta.
Dicho local fue rentado por el partido entre 2016 y 2020. El contrato se dio por finiquitado cuando un grupo disidente “tomó” las oficinas por largos meses.
El último contrato quedó firmado por el Tesorero José Luis Mederos con la propietaria, Cecilia de la Lastra Pecina, con vigencia 15 de enero del 2019 al 15 de enero de 2020.
Torres siguió de inquilino sin tener autorización para contratar y menos hacer desembolsos a nombre del partido, hasta que le cortaron la energía eléctrica por parte de CFE, las cuatro líneas telefónicas y el servicio de agua entubada (quien sabe si sea potable).
En un juicio llevado ante la Comisión de Honestidad y Justicia, Mederos estableció que las oficinas siguieron en funcionamiento por cuenta y riesgo del profesor Torres, quien “pasaba a cuchillo” a militantes, hasta que se le acabó la minita.
Don Enrique dijo que seguirá “despachando” en las banqueta de la casa de Doña Cecilia, quien reclama una cuenta de alrededor 400 mil varos.
Y Oootra vez como hace un año, hace tres, seis y más antes, se revive el tema de la exigencia que hacen funcionarios del Gobierno del Estado a la burocracia, como “prueba” de fidelidad hacia el partido en el poder, tomar una fotografía mostrando la papeleta cruzada.
Rumores van y vienen –sin que alguien haya presentado denuncia formal- señalando que “operadores” de las secretarías del gabinete estatal, pagarán hasta diez mil pesos en efectivo a quien acumule diez imágenes de gente que votó por el partido celeste.
Otros afirman que la exigencia es de 20 “promovidos” por piocha, para no quitarles la muy querida “compe” mensual, presentando como prueba la fotografía. Es algo cíclico en periodo electoral.
En teoría “funciona”. Si el gobierno maneja 85 mil servidores, incluyendo al profesorado, de a diez por cráneo serían 935 mil sufragios (el mismo número de fotografías) incluyendo al “promotor” ¿y cuánta lana?.
Suponiendo sin conceder que los burócratas fieles “convencieran” no a diez pero sí a cinco familiares, el partido en el poder se alzaría con un promedio de 470 mil papeletas a su favor. De que las presiones existen, sí. Sin embargo nadie ha sido capaz de denunciar, por temor.
Las penas sí que son ejemplares según la Ley en Materia de Delitos Electorales, artículo 7: “Hasta tres años de cárcel a quien solicite u ordene evidencia del sentido de su voto, o viole el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto”.
Mientras eso pasa en política, la UAT sigue su trabajo académico y es así que estudiantes de Ingeniería y Ciencias (FIC), alcanzaron primer lugar nacional en el XIII Torneo Mexicano de Robótica 2022, que se realizó en Victoria.
El equipo “Vaqueros” obtuvo pase al certamen Latin American Robotics Competition a celebrarse del 17 al 22 de octubre del presente, en Brasil. Bien por ellos y sus profesores José Hugo Barrón Zambrano, Juan Carlos Elizondo Leal y José Ramón Martínez Angulo, así como Vicente Paul Saldívar Alonso y Alan Díaz Manríquez.
