¿Quién está asesorando a la presidenta?

 ¿Quién está asesorando a la presidenta?

Por Lic. Rosbel Bazán López.

—-EL ALTIPLANO TAMAULIPECO DE ACUERDO A LA INICIATIVA DE LEY PROPUESTADA POR LA PRESIDENTA CSP PODRÍA PASAR DE 6 A 7 REGIDORES

La iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión con el argumento de generar ahorros en el gasto de los ayuntamientos, deja serias dudas sobre el análisis técnico que la sustenta.

La propuesta establece un solo síndico por municipio y fija un mínimo de siete regidores y un máximo de 15. Sin embargo, al revisar la integración de los cabildos del país, el ahorro prometido simplemente no se ve por ninguna parte.
México cuenta con 2,467 municipios.

De ellos, 1,089 tienen actualmente menos de siete regidores, mientras que apenas 56 rebasan el máximo de 15. Es decir, en lugar de reducir el número de integrantes de los cabildos, la reforma obligaría a más de mil municipios a incrementar el número de regidores.

En el Altiplano tamaulipeco el ejemplo es contundente. Jaumave, Palmillas, Miquihuana y Bustamante cuentan con seis regidores, por lo que tendrían que aumentar uno para llegar a siete. En cambio, Tula, que actualmente tiene ocho regidores y dos síndicos, sería el único municipio de la región que reduciría su integración, al pasar a siete regidores y un solo síndico.

Entonces, la pregunta es obligada: ¿dónde está el ahorro presupuestal que tanto se anuncia? Si cuatro municipios tendrán que aumentar el número de regidores y solo uno disminuirá un regidor y un síndico, el argumento del ahorro pierde fuerza, al menos en esta región.

Una reforma constitucional no puede construirse únicamente con un discurso político; debe estar respaldada por datos y un diagnóstico serio. De lo contrario, es inevitable preguntarse si quienes asesoran a la presidenta hicieron correctamente su trabajo o si, por el contrario, la llevaron a presentar una iniciativa que hoy despierta más dudas que certezas.

Porque, cuando los números contradicen el discurso, el costo político termina siendo mucho mayor que cualquier ahorro presupuestal que se pretendía conseguir.

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